El Anteproyecto se fundamenta en el principio universal del derecho humano a la ciencia, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 2019 y contenido en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. El derecho humano a la ciencia constituye la columna vertebral de la iniciativa y entre sus objetivos está el establecer y regular las obligaciones del Estado para garantizar su ejercicio efectivo, destacando su relevancia y vinculación con otros derechos fundamentales. Además, reconoce la libertad de investigación, incluida la libertad de cátedra y de expresión, así como la autonomía de las universidades e instituciones públicas de educación superior autónomas por Ley.

El Anteproyecto establece un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, plural e incluyente; integrado por representantes del gobierno federal, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como por los sectores social y privado, además de todos aquellos actores que participan en actividades en la materia. De igual manera, se prevé la constitución de un Consejo de Estado como órgano rector del Sistema y la participación de las autoridades federales y locales en la materia como responsables de la política nacional y local, respectivamente.

Al tratarse de un ordenamiento de carácter general, el Anteproyecto impulsa la descentralización y federalización del sector de HCTI, por lo que contempla la distribución de competencias entre los tres órdenes de gobierno y establece mecanismos intergubernamentales de coordinación, articulación y participación.

El Anteproyecto prevé expresamente el compromiso del Estado de apoyar la investigación de frontera y la ciencia básica, en todas las áreas y campos del conocimiento, así como el acceso universal a sus beneficios y su difusión, divulgación y apropiación social.

Para que la ciencia pueda contribuir a la atención de grandes problemas nacionales se requiere de la generación continua de nuevo conocimiento. En este sentido, la articulación de la ciencia básica y la investigación de frontera con las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación orientadas a incidir o atender asuntos estratégicos o prioritarios para el desarrollo nacional, permitirá garantizar que los beneficios públicos de los avances científicos y tecnológicos contribuyan al fortalecimiento de la soberanía nacional, el desarrollo integral del país y el bienestar del pueblo de México.

El Anteproyecto contempla a las instituciones de educación superior como parte fundamental del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación y reconoce la pluralidad de estas instituciones públicas, así como de los actores sociales y privados en el sector. Prevé su intervención en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas en la materia, tanto en los ámbitos federal, local y municipal, ya sea en los órganos colegiados, o bien, de manera directa, con el propósito de garantizar la prevalencia del interés público, así como en la operación de los diversos mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo, particularmente en las relaciones con la educación y la cultura.

El Anteproyecto reconoce a los Centros Públicos como instituciones fundamentales para el fortalecimiento de la comunidad y el desarrollo de investigaciones de frontera en diversas áreas del conocimiento, así como para alcanzar y consolidar la independencia científica y tecnológica del país y brindar al Estado mexicano la solvencia científica, tecnológica y de innovación indispensable para la comprensión y atención integral de problemáticas nacionales y, en general, para la toma de decisiones en asuntos públicos.

El Anteproyecto contempla las bases generales de articulación del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación Humanística y Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación; regula el gobierno y administración de los Centros Públicos y prevé su armonización normativa, incorporando órganos de participación y consulta de la comunidad de los Centros Públicos.

También reconoce, de manera explícita, la autonomía técnica, de gestión y presupuestaria de los Centros Públicos, conforme a la legislación aplicable y sus instrumentos de creación, en el marco de un auténtico Sistema Nacional de Centros Públicos.

El Anteproyecto establece la obligación del Estado de proveer recursos y estímulos oportunos, suficientes y adecuados para las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, de manera irreductible y progresiva, y que el presupuesto se distribuya en las actividades sustantivas del sector.

Asimismo, contempla que, para el financiamiento de las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, puedan concurrir en el gasto nacional la federación y las entidades federativas, así como los sectores social y privado.

Además, prevé el establecimiento de mecanismos e instrumentos locales definidos por las entidades federativas, a la vez que regula los mecanismos e instrumentos del gobierno federal, entre ellos: becas, reconocimientos y premios; el Sistema Nacional de Investigadores; los programas presupuestarios, los estímulos fiscales y facilidades administrativas; la vinculación corresponsable con el sector productivo; los apoyos para el desarrollo de tecnologías estratégicas y la consolidación del ecosistema nacional de innovación abierta; las acciones en materia de educación y cultura, y los convenios de colaboración y coordinación.

Con el propósito de apuntalar la rectoría económica del Estado mexicano, el Anteproyecto establece que el Consejo Nacional será el responsable de coordinar el programa nacional de innovación, además de que se le faculta para fomentar la constitución de empresas de base científica y tecnológica, así como para velar porque la propiedad intelectual que se financie con recursos públicos, a través de la propia institución, redunde en el bienestar social.

El Anteproyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación hace referencia a una gran diversidad de temas pertinentes para las actividades del sector, cuyos retos exigen propuestas normativas concretas y armónicas, que no necesariamente entran en los ejes planteados. Por lo anterior, resulta indispensable contar con una opción que permita a la comunidad expresar sus comentarios u observaciones sobre el Anteproyecto en áreas muy específicas o distintas a las propuestas en los ejes.